Caracas, 17 de agosto de 2018.- El fallido atentado terrorista contra el Presidente Maduro y el alto gobierno, llaman a una pronta y exhaustiva revisión de la legislación en la materia, en aras de su efectiva aplicación por parte de los tribunales nacionales. La resistencia del pasado a utilizar la legislación anti terrorista, por parte de algunos jueces y fiscales, no debería repetirse en este gravísimo escenario en que se encuentra el país.

Por razones de derecho, de justicia, de respeto a los derechos humanos del colectivo social y por motivaciones éticas esenciales, no puede permitirse que lo ocurrido pase “por debajo de la mesa” o se diluya en el marasmo de los burocratismos que aún perduran en el sistema de justicia venezolano. Mucho aprendimos al respecto en la nefasta gestión fiscal de la señora Luisa Ortega Díaz y su bochornosa complicidad procesal con los responsables de la violencia política del 2017 (mal llamadas “Guarimbas”). De allí que se vuelve imperativo lograr que el sistema de justicia como un todo accione con prontitud para investigar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del frustrado magnicidio.

Más allá de las figuras del código penal aplicables en este caso (como son los delitos contra la independencia y seguridad de la Nación, traición a la Patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, homicidio agravado en grado de frustración, lesiones personales), está la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) que da un marco importante para la acción judicial.

El artículo 4 de la LOCDOFT establece lo que se entiende por acto terrorista, definiendo por tal lo siguiente:

Es aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según como el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional.

Son considerados actos terroristas según la LOCDOFT los que se realicen o ejecuten a través de los siguientes medios:
a. Atentados contra la vida de una persona que pueden causar la muerte;
b. Atentados contra la integridad física de una persona;
c. Secuestro o toma de rehenes;
d. Causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de información, plataformas fijas o flotantes emplazadas en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico;
e. Apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo, o de mercancías;
f. Fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro, desarrollo o utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas;
g. Liberación de sustancias peligrosas o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;
h. Perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas.

En el mismo artículo se define por “organización terrorista” al grupo de tres o más personas asociadas con el propósito común de llevar a cabo, de modo concurrente o alternativo, el diseño, la preparación, la organización, el financiamiento o la ejecución de uno o varios actos terroristas.

Las penas establecidas en esta ley abarcan a quienes incurren en los delitos de asociación para delinquir (prisión de 6 a 10 años); Sicariato – tanto para el autor material como para el instigador- (prisión de 25 A 30 años) y Terrorismo – individual o grupal- (prisión de 25 a 30 años).

También define el delito de financiamiento al terrorismo, aplicado a quien proporcione, facilite, resguarde, administre, colecte o recabe fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con el propósito de que éstos sean utilizados en su totalidad o en parte por un terrorismo individual o por una organización terrorista, o para cometer uno o varios actos terroristas, siendo penado o penada con prisión de 15 a 25 años, aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el acto o los actos terroristas. La pena señalada se aplicará independientemente de que los fondos sean utilizados por un o una terrorista individual o por una organización terrorista que opere en territorio extranjero o con independencia del país donde se efectué el acto o los actos terroristas. El delito de financiamiento al terrorismo no podrá justificarse en ninguna circunstancia, por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, religiosa, discriminación racial u otra similar.

El delito de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, tiene entre sus agravantes cuando es cometido contra la persona del Presidente de la República, o el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministros o Ministras, Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Diputados o Diputadas a la Asamblea Nacional, Fiscal General de la República, Contralor o Contralora General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, Procurador o Procuradora General de la República, Rectores, Rectoras del Consejo Nacional Electoral, Gobernadores o Gobernadoras y Alto Mando Militar.

Cuando concurra alguna de las circunstancias agravantes, la pena aplicable será aumentada en un tercio. Si se presentan dos o más de tales circunstancias agravantes, la pena aplicable se incrementará a la mitad.

Es imperativo que caiga todo el peso de la ley contra aquellos que han llevado la violencia política a un nivel sin precedentes en este siglo y puesto en riesgo la estabilidad de toda una Nación.

Por Pablo Fernández Blanco